El gobierno nacional decidió postergar el debate de la ley Ómnibus para la próxima semana, luego de que el oficialismo lograra el dictamen de mayoría en comisión, pero con 34 votos en disidencia, incluso de sus aliados más cercanos, el PRO.
La decisión se tomó para afinar las negociaciones con los legisladores de todos los sectores, con el objetivo de asegurar que el debate en particular no termine alterando sustancialmente el espíritu de la norma.
El Gobierno confía en que la ley será aprobada, pero admite que hay algunos diputados y gobernadores que aún tienen reparos en algunos puntos. Pese a eso, aclara que no piensan en ofrecer nuevos cambios respecto del proyecto que envió el Gobierno.
El tema central es el de las retenciones, sobre el que varios gobernadores están en contra. El Gobierno ratificó que no habrá cambios en este punto y advirtió que, si los diputados resuelven que no se tocan, habrá que hacer recortes en otros sectores de la economía.
Por otra parte, la oposición sigue reclamando alguna compensación extra para los jubilados, luego de que se aprobara el ajuste por inflación desde marzo, que el “empalme” no perjudique a los jubilados, o directamente empezar a actualizar por IPC desde enero.
En tanto, el bloque Hacemos Coalición Federal, de Miguel Pichetto, exige que no se privaticen ARSAT, Nucleoeléctrica, Banco Nación e YMAD.
Por su parte, los gobernadores propusieron que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES debía ser utilizado para saldar las deudas con las cajas provinciales y para pagar los juicios jubilatorios antes de ser traspasado al Tesoro.
Por último, la oposición impulsa eliminar por completo las facultades delegadas mientras que la UCR quiere restringir la cantidad de áreas en las que se declara la emergencia y acotar el margen de acción del Poder Ejecutivo en las áreas donde sí se delegan facultades.
