Poder Ejecutivo argentino envió al Congreso la reforma del Código Penal

El Poder Ejecutivo mandó al Congreso de el proyecto de reforma del Código Penal de la Nación, donde ingresó por la noche a través del Senado, con el propósito de elaborar un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código.

De acuerdo con lo explicado por el Poder Ejecutivo, la iniciativa obedece a que el actual Código Penal, de 1921, ha sufrido numerosas modificaciones parciales que afectaron su unidad y que dificultan el pleno cumplimiento. De acuerdo con el proyecto, al que accedió el Parlamentario, algunas de las principales modificaciones que se tratan en la reforma, son respecto al narcotráfico, la inseguridad y la corrupción.

Respecto al primero, incorpora los delitos del narcotráfico y tráfico de estupefacientes, aumentando las escalas penales de los tipos penales actualmente previstos en la ley especial, diferenciando según la gravedad de la conducta.

En relación a la inseguridad, se mantiene la imposibilidad de acceder a la libertad condicional para los reincidentes y condenados por delitos dolosos cometidos con violencia que hayan conllevado daños físicos o mentales, o la muerte para la víctima. La misma prohibición se aplica para los delitos de corrupción de menores, financiamiento del terrorismo y tráfico de estupefacientes. Se incorpora también el seguimiento socio judicial, como una medida de seguridad posterior al cumplimiento de la pena.

En relación a la corrupción, entre algunas de las modificaciones, resalta
que el proyecto introduce como nuevas causales de interrupción de la
prescripción de la acción penal la declaracón de rebeldía del imputado y la
solicitud de extradición. Por otra parte, el proyecto prevé un aumento
sustancial de las escalas penales respecto de los delitos de corrupción, en
especial los de cohecho, soborno transnacional, enriquecimiento ilícito.

El proyecto amplía, además, el sujeto activo del delito de enriquecimiento
ilícito a todos aquellos sujetos obligados por ley a presentar declaraciones
juradas patrimoniales, como son por ejemplo los titulares de obras sociales.

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